Cancelación de plaguicidas pondría en riesgo trabajo de casi 5 millones de agricultores en el país
- Experto propone buenas prácticas agrícolas para evitar pérdidas económicas
En medio del intenso debate sobre los residuos de plaguicidas en frutas y verduras, así como la propuesta de cancelar sus registros como única medida, debido a posiciones encontradas entre organizaciones ambientalistas y asociaciones de consumidores, el experto técnico Ulises Osorio Ángeles, especialista en producción agrícola, advierte, tras un análisis previo, que prescindir de estas soluciones tendría un impacto directo en cerca de cinco millones de agricultores peruanos. Ello también comprometería la canasta básica familiar.
“La agricultura representa aproximadamente el 6% del PBI nacional y genera empleo para más del 24% de la población económicamente activa en zonas rurales. Cualquier medida que reduzca su productividad impactará directamente en el crecimiento económico, la generación de empleo y el costo de vida, por ende, la eliminación de plaguicidas afectaría la capacidad productiva del país, provocando una reducción en la oferta de alimentos y, como consecuencia, un incremento en los precios en los mercados”, señaló el especialista.
Según el experto si bien las agroindustrias han avanzado en tecnificación los pequeños y medianos productores -que representan más del 80% del agro nacional- enfrentan limitaciones técnicas que dificultan el manejo adecuado de plaguicidas. Adicionalmente, la falta de control en los mercados de abastos ha propiciado la venta y el consumo de alimentos con residuos, generando una problemática que debe abordarse de manera integral, con miras a una agricultura saludable y sostenible. “La consecuencia sería un menor consumo, una caída de la demanda y una reducción en los ingresos del agricultor”, acotó.
Osorio Ángeles fue enfático en señalar que, actualmente, no se cuenta con un modelo agrícola que permita prescindir completamente del uso de plaguicidas sin afectar la productividad. En esa línea, advirtió que experiencias internacionales respaldan esta preocupación. “En Europa, por ejemplo, los intentos de restringir o cancelar el uso del glifosato evidenciaron la falta de sustitutos eficaces a gran escala. En algunos casos, la medida tuvo que revertirse o flexibilizarse debido al incremento significativo de los costos de mano de obra y a problemas de abastecimiento derivados de la menor productividad”, sostuvo. A la fecha, el glifosato continúa aprobado como sustancia activa en la Unión Europea.
Asimismo, subrayó que los plaguicidas autorizados atraviesan estrictos procesos de evaluación técnica, por lo que el problema no radica en su existencia, sino en su uso inadecuado. En ese sentido, propuso fortalecer la capacitación en el campo como una solución sostenible, destacando la aplicación en horarios adecuados (entre las 5:00 a. m. y 8:00 a. m.), el uso correcto de equipos de protección, la dosificación precisa y la implementación de buenas prácticas agrícolas, así como la certificación, vigilancia y control en los mercados, entre otros. “Con capacitación y supervisión adecuada, es posible minimizar riesgos y garantizar alimentos seguros para la población”, indicó.
Llamado al Tribunal Constitucional
En el marco de la demanda constitucional presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Productores y Comercializadores Agroecológicos Chackramanta y la Asociación de Productores Agroecológicos -todas procedentes de Apurímac-, que busca prohibir la comercialización en el mercado nacional de plaguicidas como el glifosato, el imidacloprid y el clothianidin por considerarlos altamente contaminantes, Osorio Ángeles exhortó al Tribunal Constitucional a actuar con prudencia y a sustentar su decisión en criterios técnicos y evidencia científica.
“La regulación de estos plaguicidas, que dicho sea de paso son los más utilizados por el sector agrario, debe estar en manos de entidades especializadas, como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA, contando además con el apoyo técnico de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – DGAAA y sustentarse siempre en evidencia científica. Una decisión apresurada podría acarrear consecuencias irreversibles para el país”, afirmó.
Finalmente, el especialista hizo un llamado a la ciudadanía a informarse adecuadamente y evitar alarmismos. Recordó que el consumo de alimentos frescos es seguro si se aplican prácticas básicas como el correcto lavado de frutas y verduras. “La discusión sobre los plaguicidas no solo es técnica, sino estratégica. Está en juego la sostenibilidad de la agricultura, el empleo rural y el acceso a alimentos para millones de peruanos. Una decisión sin sustento técnico podría marcar un antes y un después en el desarrollo agrícola del país”, concluyó.
