STAPP alerta que decisiones del gobierno agravan la crisis de Petroperú y abren paso a su privatización
- El gremio sindical advirtió que aun cuando se brinde un aval del Gobierno para que la empresa tome un nuevo endeudamiento, mientras no se derogue el DU 010-2025, a partir de julio se avanzará en la privatización de las unidades de la empresa.
- Asimismo, el STAPP alertó que promover nuevas operaciones de endeudamiento sin haber resuelto previamente los problemas estructurales de la empresa, “solo posterga la crisis y aumenta la vulnerabilidad financiera de Petroperú”.
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – STAPP cuestionó las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien aseguró que el gobierno de José Balcázar no suspenderá el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 aprobado durante la gestión de José Jerí, referido a la reestructuración de Petroperú.
El gremio sindical advirtió que esta decisión, sumada al anuncio de que el Ejecutivo brindará garantías para que la empresa acceda a un nuevo endeudamiento, profundiza la ya crítica situación financiera de la petrolera estatal, en lugar de resolver sus problemas estructurales.
Según el STAPP, el mensaje del Gobierno evidencia una peligrosa contradicción: mientras se reconoce públicamente la importancia estratégica de Petroperú, las acciones concretas siguen sin materializarse, confirmando una “preocupante ausencia de sentido de urgencia”.
Riesgo de privatización encubierta
El sindicato fue enfático en señalar que, bajo el escenario actual, el futuro de la empresa estaría encaminado hacia la pérdida progresiva de sus activos.
“Con aval o sin aval, con inyección de liquidez o sin ella, sino se deroga el DU 010-2025, a partir de julio se avanzará en la privatización de las unidades de la empresa, tal como lo ha anunciado recientemente Proinversión”, alertó Jaime Ramírez Flor, dirigente del STAPP.
Para el STAPP, la negativa a revisar o derogar esta norma, ampliamente cuestionada por no contribuir al fortalecimiento institucional de Petroperú, abre la puerta a esquemas que afectarían su integridad patrimonial y su rol estratégico en la seguridad energética del país.
Endeudamiento sin solución de fondo
Otro punto crítico señalado por el sindicato es la insistencia del Gobierno en promover nuevas operaciones de endeudamiento sin haber resuelto previamente los problemas estructurales de la empresa.
De acuerdo con el gremio, el acceso a financiamiento sin un plan integral de reestructuración solo posterga la crisis y aumenta la vulnerabilidad financiera de Petroperú. “No se trata únicamente de conseguir liquidez, sino de garantizar sostenibilidad”, advirtieron.
Falta de medidas concretas y estrategia integral
El STAPP recordó que, pese a los anuncios previos sobre posibles avales estatales o inyecciones de capital, estas medidas no se han implementado oportunamente, generando incertidumbre sobre la viabilidad operativa de la empresa.
Además, insistió en que el problema de fondo es la ausencia de una estrategia integral que contemple:
- Reordenamiento financiero sostenible
- Mejora de la gobernanza institucional
- Meritocracia en cargos directivos
- Blindaje frente a la injerencia política
En esa línea, el sindicato reiteró la necesidad de una auditoría forense que permita esclarecer responsabilidades por decisiones pasadas que han afectado gravemente a la empresa.
“El país no puede seguir esperando”
El STAPP advirtió que la cercanía del proceso electoral no puede ser excusa para la inacción. Por el contrario, sostuvo que el Gobierno está obligado a adoptar decisiones responsables que garanticen la continuidad y fortalecimiento de Petroperú.
“El país no puede seguir esperando. Petroperú no solo es un activo económico, sino un pilar estratégico para el desarrollo nacional. Su debilitamiento tendrá consecuencias que trascienden lo empresarial”, señaló Ramírez Flor.
Finalmente, el sindicato subrayó que la brecha entre el discurso oficial y las decisiones adoptadas refleja una falta de voluntad política que podría terminar comprometiendo el futuro de la principal empresa estatal de hidrocarburos del país.