Plataformas de movilidad y delivery superan los 648 mil viajes y entregas al día, mientras estudio alerta brechas de seguridad y regulación

Plataformas de movilidad y delivery superan los 648 mil viajes y entregas al día, mientras estudio alerta brechas de seguridad y regulación

Mientras este sector de la economía continúa consolidándose como una oferta laboral importante en nuestro país, un estudio de ASPEC y el Observatorio de Plataformas-Perú identifica brechas en seguridad, protección al consumidor y fiscalización, además de casos de transporte de pasajeros en motos bajo la modalidad de paquetería.

Las plataformas digitales de movilidad y delivery se han convertido en un mercado de creciente importancia para la economía urbana. En 2022, estos servicios registraron en conjunto un promedio de 648 mil operaciones diarias en el Perú, considerando 531 mil viajes mediante aplicaciones de movilidad urbana y 117 mil pedidos de delivery, según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE) recogidas por el Observatorio de Plataformas-Perú. La actividad se concentra principalmente en Lima, donde se realiza alrededor de cuatro de cada cinco servicios.

En este contexto, el informe “Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú”, elaborado por ASPEC y el Observatorio de Plataformas-Perú, analiza las condiciones bajo las cuales operan estos servicios y advierte brechas en seguridad, protección al consumidor, transparencia y fiscalización.

El estudio señala que 8 de cada 10 limeños utilizan aplicaciones de movilidad. Para evaluar sus condiciones, se realizaron 70 evaluaciones de cliente incógnito entre diciembre de 2025 y enero de 2026: 40 correspondieron a taxis y 30 a paquetería. La investigación revisó Uber, DiDi, Yango, inDrive, inDrive Entregas y Cabify. El estudio precisa que la muestra es no probabilística y exploratoria, por lo que sus resultados no son extrapolables a toda la población.

Los resultados muestran diferencias entre plataformas en protección al consumidor, seguridad, transparencia y mecanismos de reclamo. Dos de las principales aplicaciones evaluadas no contaban con un Libro de Reclamaciones ubicado en su página web. Asimismo, tres de las cinco apps analizadas no contarían con domicilio legal en Perú y dos someten sus controversias a jurisdicciones extranjeras. El estudio también identificó que cuatro de las cinco plataformas pueden modificar sus términos y condiciones sin aceptación previa del usuario y cuatro no cuentan con una política clara de cancelaciones y reembolsos.

El trabajo de campo aporta indicadores sobre la prestación efectiva del servicio. El 23% de los viajes en taxi por aplicativo registró cancelaciones antes de concretarse, frente al 13% observado en paquetería. En seguridad, solo 18% de los taxis evaluados mostró el SOAT visible, aunque en todos los casos en que fue observado se encontraba vigente.

En paquetería, 12% de los casos presentó discrepancias entre la placa registrada en la aplicación y el vehículo que llegó a recoger el pedido. En la medición específica de coincidencia de placas, el resultado fue de 100% en taxis y 88% en paquetería.

La dimensión del mercado permite contextualizar estos hallazgos. Los 117 mil servicios diarios de delivery registrados en 2022 equivalían a aproximadamente 43 millones de repartos al año a nivel nacional. Considerando que 80% se concentraba en Lima, el mercado representaba alrededor de 93.600 pedidos diarios en la capital.

Dentro de este universo, la investigación detectó una práctica que abre un nuevo frente para la fiscalización. De las 30 evaluaciones realizadas en paquetería, tres repartidores aceptaron transportar a una persona, después de la insistencia del usuario, equivalente al 10% de los casos evaluados.

La evaluación también identificó dificultades posteriores al viaje. Aunque 95% de los pasajeros manifestó sentirse seguro durante el trayecto, solo 50% de los objetos olvidados fue recuperado y en 33% de esos casos los conductores solicitaron pagos adicionales para devolverlos, según los resultados presentados por ASPEC, el Observatorio de Plataformas-Perú e Ipsos.

Durante su participación, el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, el parlamentario Luis Quispe Candia, mencionó que “durante años venimos discutiendo este tema y mi posición ha sido señalar que el transporte de pasajeros en moto es ilegal, por lo tanto se necesita de la acción inmediata del MTC para regular ello”.

También agregó que: “desde mi gestión en el Parlamento, tendrán toda mi disposición para iniciar la redacción de una norma para el sector”.

Como invitado se contó también con la presentación de Ismael Sutta, ex viceministro de Transportes, quien saludó este tipo de evidencias presentadas a las autoridades e hizo una llamada a la acción fiscalizadora, como ya se ha realizado con casos similares de transporte ilegal de pasajeros en motos por otros operadores.

Ausencias regulatorias

En el ámbito regulatorio, el informe señala que Perú no cuenta con una norma sectorial nacional específica para la intermediación digital de transporte. Las competencias están distribuidas entre el MTC, la ATU, las municipalidades e Indecopi, sin un registro sectorial nacional ni potestades claramente delimitadas para supervisar a las plataformas.

El IPE estimó que en 2022 se realizaron 194 millones de viajes mediante plataformas de movilidad urbana y alrededor de 43 millones de repartos y entregas. En conjunto, cerca de 27 mil personas utilizaban alguno de estos servicios cada hora.

El informe contrasta esta situación con Brasil, Chile, Bolivia, México y Uruguay, países que han desarrollado marcos normativos relacionados con las plataformas digitales. En Brasil, la Ley N.º 13.640/2018 incorporó el transporte remunerado privado individual de pasajeros a su política de movilidad urbana y estableció requisitos vinculados con conductores, vehículos, seguros y fiscalización local.

El informe incluye además un ranking comparativo. Yango y Cabify aparecen con niveles más altos de protección; Uber y DiDi, en una posición intermedia; mientras que inDrive figura con un menor nivel de protección y mayor riesgo regulatorio. El documento precisa que estos rankings tienen finalidad diagnóstica y no constituyen pronunciamientos sancionatorios ni de legalidad.

Actividad no autorizada

Otro punto abordado es el transporte de pasajeros en motocicleta lineal. El estudio señala que esta modalidad no cuenta con habilitación legal y recuerda que el Decreto Supremo N.º 035-2019-MTC establece el bloqueo de aplicativos y páginas web que ofrezcan transporte público de personas en vehículos de categoría L, salvo los L5.

El informe recuerda que el servicio especial de taxi debe prestarse en vehículos de categoría M1, con excepción de los vehículos de categoría L5. Además, una resolución de Indecopi de 2025 concluyó que no resultaba jurídicamente viable ordenar la inaplicación de medidas destinadas a impedir la promoción de una actividad prohibida por la normativa vigente.

Frente a este escenario, el informe plantea un marco regulatorio basado en cuatro ejes: responsabilidad jurídica y trazabilidad de las plataformas; estándares homogéneos de seguridad; verificación de conductores y protección del consumidor; y fiscalización con un régimen progresivo de sanciones.

Entre las medidas propuestas figuran crear un Registro Nacional de Plataformas Digitales de Movilidad, exigir domicilio legal en Perú, establecer estándares técnicos comunes y fortalecer los mecanismos de reclamación y fiscalización.

El estudio plantea así una discusión sobre cómo acompañar con reglas y mecanismos de supervisión el crecimiento de un mercado que ya registra 648 mil servicios diarios entre movilidad urbana y delivery, con una alta concentración de operaciones en Lima.

Finalmente, la directora del Observatorio de Plataformas-Perú, Alejandra Dinegro, concluyó con la necesidad de regular, fiscalizar y contar con información actualizada sobre el creciente uso de plataformas digitales de movilidad y reparto. Al respecto, resaltó que “así como la inseguridad está en las calles, las modalidades para evadir la ley también se trasladan a las plataformas, por ello necesitamos trabajar de la mano con las autoridades correspondientes para proteger a los usuarios”.

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