El derecho laboral docente y el diálogo como política de estado

Cómo el diálogo permanente entre el gobierno y los profesores puede mejorar la educación.

Las recientes declaraciones de Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), sobre una predisposición de la presidenta electa Keiko Fujimori para priorizar la educación y mantener un canal de diálogo con el magisterio, abriría una oportunidad para analizar la importancia de fortalecer el derecho laboral de los docentes. Especialmente, como una condición necesaria para mejorar el servicio que recibe la ciudadanía. No se trata únicamente de una discusión sobre presupuestos, sino de una cuestión vinculada con la gobernanza del empleo público y la calidad de las instituciones.

Resulta evidente que las políticas educativas obtienen una mayor estabilidad cuando el Estado y los docentes se comunican a través de los mecanismos de diálogo social, el cual debe ser permanente. La experiencia previa ya nos ha demostrado que los conflictos laborales en este sector no han surgido exclusivamente por reivindicaciones salariales, sino también por la ausencia de espacios institucionalizados de consulta, negociación y solución preventiva.

En ese contexto, la Recomendación conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO relativa a la condición del personal docente, aprobada en 1966, continúa siendo el principal referente internacional para orientar las políticas públicas dirigidas al profesorado. En esta se estableció que la calidad de la educación depende de que los docentes ejerzan su profesión bajo condiciones laborales dignas, remuneraciones adecuadas, oportunidades permanentes de desarrollo profesional y que tengan participación en las decisiones que afectan el ejercicio de su función.

Estos principios se han mantenido en vigencia y actualmente están siendo revisados para adaptarlos a esta época. El principal objetivo del Grupo Independiente de Expertos (IEG-66) encargado será adecuarla para responder a los desafíos derivados de la transformación digital de la educación, el uso de la inteligencia artificial, la necesidad de fortalecer la salud mental y el bienestar del profesorado, entre otros temas de debate actual.

El Perú, como Estado miembro, podrá adoptar los cambios que realice la actualización de la Recomendación. Actualmente, la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público (Ley N° 31188) regula el ejercicio de estos derechos dentro del sector estatal; por lo tanto, el diálogo entre las organizaciones sindicales y las entidades públicas no constituye una concesión política; por el contrario, es una manifestación del Estado constitucional de derecho que busca construir consensos sobre las condiciones de empleo y de la prestación eficiente de los servicios públicos.

En la mediación laboral, uno de los errores más comunes consiste en entender la negociación únicamente como un mecanismo para resolver conflictos cuando estos ya se encuentran instalados; sin embargo, la mediación moderna persigue un objetivo distinto, el prevenir el conflicto mediante procedimientos permanentes de comunicación entre las partes. De esta manera se puede identificar intereses comunes, reducir confrontaciones y generar acuerdos sostenibles en el tiempo.

Este enfoque adquiere especial relevancia en el sector educativo. El docente no solo mantiene una relación laboral con el Estado, sino que desarrolla una función esencial para garantizar la educación, el cual es un derecho fundamental de la población. Es decir, la protección de sus derechos laborales va más allá del ámbito individual para convertirse en un componente de interés público.

La disposición al diálogo entre el SUTEP y el gobierno entrante debería interpretarse precisamente bajo esa perspectiva. Más allá del contexto político, lo importante será la capacidad de convertir esa voluntad inicial en mecanismos institucionales que sean permanentes. Para que ambos puedan confiar el uno con el otro, se requieren reglas claras, un cronograma de negociación, el cumplimiento de compromisos y procedimientos eficaces para la solución de controversias, las cuales no deben culminar en paralizaciones o conflictos judiciales.

Los sistemas educativos más sólidos no son necesariamente aquellos con mayor nivel de inversión, sino los que cuentan con la cooperación entre el Estado y el profesorado, como ocurre en los países nórdicos, Canadá o Nueva Zelanda. La propia OIT ha señalado que los enfoques colaborativos para la solución de problemas generan mejores resultados que los modelos basados exclusivamente en posiciones confrontacionales. Estas permiten que ambas partes puedan participar en la construcción de políticas laborales que sean compatibles con los objetivos institucionales del servicio público.

Sin embargo, este proceso también supone una responsabilidad compartida. El Estado deberá garantizar condiciones laborales compatibles con los estándares internacionales, mientras que los sindicatos de docentes deben contribuir al fortalecimiento institucional del sistema educativo mediante una participación responsable. Así, la negociación colectiva dejaría de ser un espacio de confrontación, para convertirse en una herramienta de gestión pública.

El avance tecnológico y el contexto de cada país significa reformas educativas y nuevas exigencias para el profesorado, por lo que resulta indispensable fortalecer la institucionalidad laboral del sector. La actualización de los estándares internacionales impulsada por la UNESCO y la OIT confirma que la protección de los derechos de los docentes constituye una prioridad global. Además, insta a los países Miembros a adaptar sus políticas públicas para responder a estos nuevos escenarios, pero sin afectar los derechos fundamentales de quienes ejercen la enseñanza.

La verdadera transformación del sistema educativo no dependerá únicamente de mayores recursos económicos ni de reformas curriculares, sino que dependerá de la capacidad del Estado para reconocer que el respeto de los derechos laborales del profesorado es un elemento indispensable para garantizar una educación de calidad. Asimismo, los docentes deben utilizar el diálogo y prevenir los conflictos. Si la negociación se institucionaliza y los compromisos se cumplen, los principales beneficiarios serán los estudiantes y la sociedad.

Por: Carlos Carrión Crespo, Juris Doctor, especialista en mediación laboral y exoficial en servicios públicos en la OIT.