Cierre de campañas presidenciales: tres riesgos penales de aceptar aportes de origen desconocido
El abogado penalista Brando Saravia advierte que recibir dinero sin bancarizar o de procedencia dudosa puede llevar a candidatos y aportantes a prisión por el delito de financiamiento prohibido.
En la recta final de las elecciones generales 2026, los cierres de campaña masivos implica gastos considerables en logística, publicidad y eventos. Sin embargo, este entusiasmo electoral puede convertirse en una pesadilla legal si no se justifica correctamente el origen de cada sol invertido. La fiscalía ha intensificado la vigilancia sobre los aportes en efectivo y las donaciones de terceros, ya que la ley peruana ahora sanciona con penas de cárcel efectiva el financiamiento de origen ilícito o aquel que no es declarado ante la ONPE.
Para el Dr. Brando Saravia, socio fundador de Saravia Abogados y especialista en derecho penal, el riesgo no es solo para el político, sino también para el ciudadano o empresario que entrega el dinero. “Muchos creen que dar un aporte en efectivo es un gesto de apoyo inofensivo, pero si ese dinero no pasa por el banco o si se entrega a sabiendas de que su origen es oscuro, tanto el que da como el que recibe pueden ser procesados por financiamiento prohibido de organizaciones políticas, un delito que no admite ignorancia como excusa”, explica el especialista.
En ese sentido, existen tres recomendaciones para evitar complicaciones con la justicia durante esta semana de cierres:
- Todo por el banco: Evite entregar o recibir sumas de dinero en efectivo para mítines o caravanas. El uso de transferencias bancarias es la única forma de demostrar la transparencia del aporte ante una auditoría fiscal.
- Identifique al aportante: Los partidos deben tener un registro estricto de quiénes son sus financistas. Aceptar dinero de fuentes anónimas es una bandera roja que activa de inmediato las alertas de lavado de activos.
- Registro de gastos: Si una empresa o persona natural decide apoyar con servicios (como sonido, estrados o transporte), debe emitir la documentación correspondiente. La falta de sustento contable es utilizada por la fiscalía como prueba de ingresos fantasmas.
Finalmente, el Dr. Brando Saravia enfatiza que la prevención es fundamental, ya que una investigación penal por financiamiento prohibido puede durar años y destruir la reputación de cualquier profesional o institución. “En un clima de alta fiscalización, la claridad en las cuentas electorales es el mejor escudo legal para cualquier candidato o aportante”, concluye el vocero de Saravia Abogados.
