En el Perú, a diario 02 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres.

Infancias libres de violencias, libres de embarazos forzados.

Cuando el Estado obliga, la violencia continúa.

En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán lanza la campaña “Infancias libres de violencias, libres de embarazos forzados. Cuando el Estado obliga, la violencia continúa.” La iniciativa busca visibilizar los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual que son forzadas a ser madres. El llamado es claro: que el Estado cumpla y garantice el acceso real al Aborto Terapéutico, y que impulse políticas efectivas de prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva.

Solo hasta agosto de 2025 se han registrado 533 embarazos forzados en niñas menores de 14 años, lo que refleja la magnitud de un problema estructural. A esto se suma que en 2024 casi 21 mil niñas y adolescentes menores de 17 años fueron víctimas de violencia sexual, una cifra que revela el abandono del Estado y la urgencia de respuestas efectivas.

En regiones representativas como Ucayali y Cusco revelan la profundidad de esta crisis. En Cusco se reportaron 740 embarazos adolescentes, de los cuales 17 corresponden a niñas menores de 14 años. En Ucayali, la cifra asciende a 1,561 embarazos adolescentes, con 64 embarazos forzados en niñas. En Lima, se registraron 3,646 embarazos adolescentes, 51 de ellos en menores de 14 años. La violencia sexual es sistemática: en Cusco y Ucayali, al menos cinco niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual cada día.

Aunque el aborto terapéutico es legal en el Perú desde hace más de 100 años, el acceso real sigue siendo un privilegio limitado por protocolos desactualizados, ausencia de criterios claros y discriminación institucional. Entre 2020 y 2023, en Pucallpa se registraron 56 casos de aborto terapéutico, 11 de ellos en adolescentes, mientras que en Cusco apenas se contabilizaron 2 casos en todo el período. El acceso a los kits de emergencia, que incluyen anticoncepción oral de emergencia y profilaxis contra ITS y VIH, también es crítico: entre 2019 y 2023 solo el 23,4% de las víctimas de violación sexual pudo recibirlos. En Ucayali, el 65% de niñas y adolescentes nunca accedió a este derecho básico

Negar o retrasar el acceso al aborto terapéutico revictimiza a las niñas, las expone a maternidades forzadas que constituyen una forma de tortura y de violencia estatal. Cuando el sistema de salud falla, el Estado no solo incumple su deber de proteger, sino que perpetúa la violencia.

¡Seguimos en pie de lucha por infancias libres de violencias, libres de embarazos forzados!

¡Porque cuando el estado obliga la violencia continua!